Nunca hemos tenido una radio-televisión pública

En cuarto de carrera por fin estoy aprendiendo, y mucho. En la asignatura Derecho de los medios audiovisuales y las telecomunicaciones nos han mandado una actividad y quería compartirla con vosotros porque me ha quedado muy bien.

Explico de que se trata: Existe una ley (la Ley General de Comunicación Audiovisual) que regula la forma de proceder de todos los prestadores de servicios audiovisuales (para televisión, radio e Internet). En 2012 se cambió uno de los artículos (el 40) que ahora permite que las Comunidades Autónomas puedan ceder la gestión de las televisiones públicas autonómicas y locales a entidades privadas.

El ejercicio pide que des tu opinión al respecto; aquí va la mía:

La televisión pública, como indica el artículo 40.1, es esencial para la formación de una opinión pública plural, para dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España y para difundir el conocimiento y las artes; además de para garantizar una programación destinada a aquellos grupos sociales minoritarios.

Por diversas razones, ninguna de estas características es propia de un contenido audiovisual comercial con el que obtener grandes beneficios. Una empresa privada, por lo que es, tiene como objetivo la obtención de beneficios y por lo tanto, si se ocupara de la gestión de la televisión pública, todos los derechos que se deben garantizar según el artículo 40.1 al final se verían mermados. Es cierto que existe esta misma legislación que la entidad privada debería respetar, pero hoy tenemos muchos ejemplos de que las empresas consiguen siempre encontrar la grieta de la ley por la que escapar de las restricciones del Estado (tenemos ejemplos como Sálvame, Anclados, Callejeros…).

Además está la cuestión de la financiación. Si varias entidades privadas como bancos o grandes empresas financian esta televisión pública, nunca permitirán que se digan cosas negativas sobre ellos, o cosas positivas sobre sus competidores. De hecho, ya ocurre en periódicos donde la publicidad bancaria ocupa las portadas o en televisiones donde conflictos internacionales no se mencionan, por ejemplo. Por lo que nunca una televisión pública será objetiva y verdaderamente un servicio para la población mientras esté financiada por manos privadas.  

Es cierto que podría establecerse un mayor control para que estas empresas no se saltaran la ley, mayores sanciones a los infractores y más exhaustividad en la elaboración de la normativa, pero ¿no es más sencillo erradicar el problema desde el principio dejando que quien gestione las televisiones y radios públicas sean empleados públicos a cuyos puestos solo se podrá acceder mediante oposiciones? ¿Cómo puede ser más rentable una gestión privada si al gasto del propio medio hay que añadirle el margen de beneficio que la empresa debe llevarse?

Nunca tendremos información objetiva, veraz y de calidad mientras los medios públicos sean dependientes de empresas privadas o de gobiernos que cambien cada cuatro años las directivas según afinidades políticas.